Luego del allanamiento y la detección de decenas de personas que eran explotadas laboralmente y obligadas a vivir en condiciones indignas en una finta de tomates de Santa Lucía, la Justicia continúa con la investigación sobre las denuncias que pesan sobre sus propietarios. En tanto, en ese campo de unas 60 hectáreas, el trabajo continúa desarrollándose, con muchas de estas personas involucradas en esta situación. La Comuna los visitó para conocer su estado actual y ofrecerles asistencia y ayuda para paliar la difícil condición en que se encuentran.
Por disposición del intendente José Sanánez, personal del área de asistencia social se acercó hasta el establecimiento hortícola para poder dialogar con los trabajadores. Esto no fue posible por la mañana, porque se hallan en el campo, trabajando. En acuerdo con uno de los encargados de la quinta, se concretó una reunión que se realizaba al cierre de esta edición.
La intención es poder conocer la situación en la que se encuentran los trabajadores, mientras se resuelve la cuestión judicial, y asistirlos en sus necesidades básicas, para mejorar sus condiciones de vida.
La mayor preocupación es por las personas que son oriundas de otras localidades y no cuentan con el apoyo o ayuda de familiares.
“Queremos saber si todavía quedan personas viviendo allí, cuántas son, y en qué condiciones están, así, pondremos determinar qué solución podemos darles. Si bien esto no nos atañe, como Municipio queremos velar por las familias”, señalaron desde la Comuna a El Litoral.
Explicaron que el lugar sigue en funcionamiento y que será la Justicia la que determinará los pasos a seguir en cuanto al propietario y a los trabajadores.
Pero, hasta que esto se resuelva, aún hay personas que están trabajando y viviendo en la quinta. Con ellos se reunían ayer personal municipal para saber cómo se encontraban y si precisaban algún tipo de ayuda.
Vale recordar que esta situación se conoció tras el allanamiento realizado por una orden del Juzgado Federal de Primera Instancia número 2 a cargo de Juan Carlos Vallejos, el miércoles pasado en el establecimiento hortícola. En el lugar se habrían detectado 108 trabajadores de los cuales el 75% no estaba registrado en Renatea, 15 eran menores de edad, 16 eran extranjeros, una persona estaba indocumentada y a esto se sumaría que no eran adecuadas las condiciones en las que vivían. Por esto fueron detenidas dos personas, una de ellas es el marido de la actual presidente del Concejo, Gladis Vallejos.
A esto hay que sumar que más de 10 menores fueron rescatados y quedaron al resguardo del Programa de Trata de Personas del Ministerio de Justicia de la Nación.
El establecimiento tiene unas 60 hectáreas, con más de 1.600 tendaleros hortícolas. Las empresas que explotan dicha producción se denominaban Veggie SRL y Frutihortícola Apolo SA, ambas, de capitales argentinos e italianos.
